La D.O. Ribera del Duero ha dado un paso al frente para defender algo que va más allá del vino: su territorio. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen ha presentado el Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido, una declaración que reclama a la Junta de Castilla y León una ordenación del suelo compatible con la protección del patrimonio vitivinícola, paisajístico y turístico de la comarca.

El documento se ha dado a conocer en la sede del Consejo Regulador, en Roa, y nace con el respaldo de bodegas, cooperativas, viticultores, organizaciones, ayuntamientos y consejos reguladores de otras denominaciones de origen españolas. Su objetivo es ordenar la implantación de instalaciones ganaderas intensivas y plantas de biogás en el ámbito de la Denominación, evitando que proyectos de impacto significativo se desarrollen sin una evaluación suficiente de su proximidad, tamaño y efecto acumulado.

La idea central del manifiesto es clara: Ribera del Duero no es solo una denominación de origen, sino un modelo de desarrollo rural construido durante décadas. Un modelo que combina viticultura, bodegas, enoturismo, paisaje, identidad territorial y fijación de población. Y que, según sus impulsores, puede deteriorarse en pocos años si la regulación no distingue entre usos compatibles y proyectos que puedan comprometer el equilibrio del territorio.

Un problema de regulación, no de sectores

El Consejo Regulador insiste en que el manifiesto no plantea una confrontación entre el vino y la ganadería. Al contrario, sitúa el origen del conflicto en un vacío normativo y en la necesidad de contar con reglas claras para que las distintas actividades productivas puedan convivir con garantías.

El texto señala el impacto del Decreto-Ley 4/2020, aprobado para agilizar la economía tras la pandemia, y advierte de que el régimen de comunicación ambiental puede permitir la autorización de determinadas instalaciones sin una evaluación técnica previa suficiente. El manifiesto se apoya, además, en un informe técnico elaborado por el Gabinete de Ingeniería Rural para el Consejo Regulador en 2021, que identifica los compuestos generados por estas instalaciones y las distancias a las que pueden afectar a viñedos y bodegas.

“No es un manifiesto contra la ganadería ni contra ningún sector de la economía rural. Es un manifiesto a favor de la ordenación responsable del territorio y de la compatibilidad real entre usos productivos”, ha señalado Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador. “El problema no es la ganadería: es una regulación que no distingue entre instalaciones compatibles y las que no lo son por su tamaño, su proximidad o su impacto acumulado”.

En una comarca donde el valor del vino se construye también desde el paisaje, la visita a bodegas, la experiencia turística y la reputación de origen, la cuestión no se reduce a una actividad concreta. El debate apunta a cómo se planifica el territorio y a qué modelo de desarrollo rural se quiere proteger.

Lo que pide el manifiesto

Los firmantes solicitan a la Junta de Castilla y León un conjunto de medidas que permitan ordenar mejor los usos del suelo dentro del ámbito de la Denominación. La primera petición es restaurar la licencia ambiental ordinaria como requisito para toda instalación ganadera intensiva en el territorio protegido, sin excepción por tamaño.

El manifiesto también reclama establecer distancias mínimas de protección, con base técnica objetiva, respecto a viñedos, bodegas, establecimientos de enoturismo y núcleos rurales. Esta medida busca evitar que la proximidad de determinadas instalaciones pueda afectar al cultivo, al trabajo en bodega, a la experiencia turística o a la calidad de vida de los pueblos.

Otra de las demandas pasa por revisar el Decreto-Ley 4/2020 para sustituir el régimen de comunicación ambiental por un procedimiento de evaluación proporcional al tamaño, la ubicación y el impacto acumulado de cada proyecto. A ello se suma la petición de dotar a los ayuntamientos de instrumentos de ordenación que les permitan actuar con seguridad jurídica, sin exposición a responsabilidad patrimonial.

Por último, el documento propone crear un mecanismo estable de consulta y coordinación entre el Consejo Regulador, las organizaciones agrarias, las entidades locales y la Consejería competente. La intención es que las decisiones sobre el territorio no se tomen de forma aislada, sino con una visión integral de sus efectos sobre el viñedo, los pueblos, la economía y el paisaje.

Un sector con peso económico, turístico y social

El manifiesto subraya que lo que está en juego no es únicamente la protección de una marca de vino, sino un ecosistema económico y social. Según el estudio elaborado por PricewaterhouseCoopers por encargo del Consejo Regulador, la D.O. Ribera del Duero genera un impacto directo e inducido de 1.333 millones de euros en el PIB nacional, sostiene 20.916 empleos directos e indirectos en su área de influencia y aporta 459 millones de euros anuales en recaudación fiscal.

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A esas cifras se suma su papel como destino turístico y como herramienta de fijación de población en un entorno rural con riesgo de despoblamiento. El vino, en Ribera del Duero, funciona como producto, pero también como relato, paisaje, experiencia y motor de actividad para hoteles, restaurantes, comercios, empresas de servicios y municipios.

Hasta la fecha, el manifiesto ha sido suscrito por bodegas, cooperativas y viticultores de la Denominación, así como por consejos reguladores de otras denominaciones de origen españolas, entre ellas Rioja, Jerez, Bierzo, Cariñena o Arlanza. También se han sumado asociaciones empresariales del sector, entidades locales y firmantes a título individual.

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El documento, dirigido en primer lugar a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, permanece abierto a la adhesión de organizaciones, empresas, instituciones y ciudadanía.

“Proteger la Ribera del Duero es proteger un modelo de futuro para la España rural”, concluye el manifiesto. Una frase que resume el fondo de la reclamación: el vino no empieza ni termina en la botella. También depende del suelo, del aire, del paisaje, de los pueblos y de la capacidad de ordenar el territorio antes de que sea demasiado tarde.